Con motivo de la presentación
del libro “Cambio sustentable en la universidad”, de Burton R. Clark -gurú del “emprendedorismo”
universitario- el
sociólogo Carlos Marquis y el politólogo Eduardo Rinesi intercambian ideas sobre
algunos aspectos de la obra del susodicho. Más allá de lo objetable o no que ciertas opiniones puedan ser, es un buen punto de comienzo de debate. Y de conocimiento acerca de qué es lo que sobrevuela por la cabeza del Rector Imperial. Igual, si las ideas que sobrevuelan las cabezas coronadas de la universidad son las de Clark, en el área de investigacón parece que lo disimulan bastante bien...
Una de las ideas que presenta el autor en su
libro es que las universidades cumplen su función social si ofrecen calidad en
lo académico y en la investigación. ¿Qué opinan al respecto?
Carlos Marquis:
Burton Clark es uno de los intelectuales que más
claramente instala la educación superior como objeto de investigación. En
“Cambio sustentable en la universidad” introduce, entre otras, las siguientes
temáticas: la autonomía de las instituciones de educación superior, el
financiamiento y sus funciones prioritarias: investigación y docencia. Clark se
refiere a la autonomía financiera, la dirección y los liderazgos, y uno de los
tópicos que considero más relevantes es este cambio de centralidad, pensando en
el vínculo de la universidad con la sociedad en la cual está inmersa, donde la
investigación sigue siendo una actividad prioritaria, pero de ninguna manera
excluyente y donde la transferencia de conocimiento tiene cada vez más un
protagonismo relevante e interesante. Clark centra su mirada en los actores de
las instituciones y en los productos de esos actores, no con quienes estudiamos
y discutimos las teorías y políticas universitarias, sino con los que hacen la
universidad generando un conocimiento que se apoya en aquello que sus
investigaciones producen.
Eduardo Rinesi:
Se trata de un libro producido por un
investigador que al mismo tiempo busca desarrollar planificaciones de
políticas. Existe una idea general, una militancia, un valor positivo, algo por
lo que el libro pugna, que es la adaptación de las universidades a las demandas
del medio. El autor promueve el cambio y aquellos que no defienden esta postura
son identificados como “los tradicionalistas defensores del statu quo”. Este
punto merece una revisión. Es necesario preguntarse si aquello que las
universidades deben hacer es ajustarse al mundo e ir en dirección de la
corriente o si, como instrumentos críticos, no tienen que plegarse dócilmente
al funcionamiento del mundo. A su vez, cabe destacar la discusión sobre la
necesidad de un gobierno central fuerte en nuestras universidades, opuesto al
riesgo de fragmentación en múltiples espacios, que posiblemente vuelva menos
ágil ese gobierno y más burocrática o más lenta la toma de decisiones y más
compleja la adaptabilidad. Por otro lado, la autonomía de la universidad no
está amenazada, solamente, por las fuerzas del Estado, sino por el mercado y
por los propios intereses que habitan en el interior de las propias
universidades. Este libro no indica de qué manera considera la educación, pero
la ley vigente en la
Argentina sí lo explicita: como un bien público. Por primera
vez en la historia, la educación puede ser pensada no sólo como un bien
público, sino como un derecho tendencialmente universal. La educación superior
puede ser pensada como un derecho efectivo, concreto y material. Asimismo,
considero problemática la tesis de Burton Clark según la cual la competencia
entre las universidades es un estímulo para la potenciación de sus posibilidades.
De acuerdo con mi experiencia, eso no sucede, sino que la cooperación es lo que
más potencia la posibilidad de desarrollo de las universidades y lo que permite
pensarlas como sistema. Clark habla de lograr que las universidades desarrollen
lo que llama una “autonomía pro-activa”, que sean independientes del Estado
para decidir todo: su rumbo institucional y su política académica y científica.
¿Qué opinión les
merece esta postura?
Carlos Marquis:
A lo largo del siglo XX, el sistema político
argentino sufrió interrupciones, golpes militares, rupturas de sus procesos
constitucionales, etcétera, y en las universidades nacionales hubo frecuentes
intervenciones gubernamentales, ruptura de su autonomía y de su estabilidad y
calidad académica. Por todo ello, a lo largo de la historia, las universidades
han tenido la actitud de defenderse de la intervención estatal centrándose,
protegiéndose y, en oportunidades, encerrándose en sí mismas. Como es sabido,
desde la recuperación de la democracia, las universidades han consolidado su
autonomía y capacidad de tomar decisiones en cuanto a sus orientaciones y
prioridades. Además, en los últimos años el Estado ha incrementado fuertemente
la inversión pública en materia de educación superior, ciencia y tecnología, lo
que coadyuvó a la modificación de la relación de los profesores con el Estado,
que pasó de ser un ámbito de hostilidad a ser un espacio de pertenencia. Pero
así como el Estado es un interlocutor válido y un sostenedor en muchos
aspectos, también el resto de la sociedad es importante para la vinculación y
el estímulo de la vida universitaria. La inercia de la universidad para
adaptarse al mundo cambiante no es solamente una virtud respecto de la
profundización del pensamiento, sino también una dificultad y un cuidado de los
espacios ocupados por los diversos sectores socioculturales. Como toda
organización social compleja, la universidad discute permanentemente sus formas
de gobernarse. Tal como indica Burton Clark, se observaba que el liderazgo no
es solamente un actor –rector, jefe o director–, sino que puede ser colectivo,
de conjunto. En instituciones tan complejas como estas, soy participe de
promover formas de gobierno que se desempeñen con el mayor pluralismo, y
también con eficacia y transparencia.
Uno de los elementos
que menciona Clark es la diversificación de las fuentes de financiamiento: las
universidades salen a buscar recursos en escenarios en los que la financiación
del Estado está ausente o es muy poca. ¿Están de acuerdo con esto? ¿Cómo lo ven
en la Argentina?
Eduardo Rinesi:
Hoy el Estado no amenaza nuestras libertades y
derechos, sino que tiende a garantizar una cantidad creciente de derechos. Sin
embargo, que uno pueda, adicionalmente, recurrir a otras fuentes de
financiamiento no me parece desaconsejable. En mi universidad hay líneas de
financiación que provienen del exterior, de instituciones multiestatales que
trascienden los límites del país. También hay cámaras empresarias. Nosotros
tenemos un instituto que se ocupa de los problemas de la industria, que
interactúa de modo muy dinámico con grupos empresarios a los que presta
servicios diferentes y con los que tenemos sistemas de pasantías rentadas y no
rentadas. No creo que sea necesario demonizar cualquier otro tipo de
intervención y está claro que en el sistema de universidad pública que estoy
pensando queda descartada una de las tres fuentes de ingreso, que son los
aranceles que paga el estudiante –algo que sí considera Burton Clark–. En las
universidades públicas argentinas no hay aranceles; en la nuestra, además,
destinamos una parte importante del presupuesto –el 4 %- a becas para
estudiantes. Una parte de nuestro estudiantado no solamente no paga por
estudiar, sino que cobra por hacerlo. Para muchos, la vida sería muy compleja
sin ese mecanismo.
Carlos Marquis:
Diversificar las fuentes de ingreso es saludable
para cualquier institución, el apoyo a la innovación productiva nacional y
local me parece estratégico y mejor aún si esto genera una fuente de ingreso
para la universidad. Creo que la universidad tiene que buscar ese tipo de
relación con los sectores productivos públicos y privados de la manera más
fluida posible. La estructura institucional tiene que tener una flexibilidad
mayor para sus vínculos y transferencia de conocimiento de las universidades a
la sociedad. Cuando se discutió la
Ley de Educación Superior vigente, estaba muy presente la
discusión sobre las becas y los aranceles. Había argumentadores
fundamentalistas de un lado y del otro. Esos son los extremos en la discusión
que se zanjó en la ley autorizando a cobrar aranceles si así lo decidían las
máximas autoridades y sólo si esos recursos eran destinados a becas. Muy pocas
universidades estatales lo hicieron y no sé si algunas aún lo sostienen. Pero
el tema del arancel no es una cuestión religiosa ni fundamentalista, es un
derecho social, civil, una inversión pública de altos retornos a la sociedad y
promotora de la inclusión social.
